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Notas sobre la soberanía del Estado Venezolano en la Zona Económica Exclusiva. Ricardo Maldonado.- PRIMERA PARTE.

19 enero, 2015

Algunas consideraciones terminológicas, pero de relevancia palmaria, saltan a colación cuando se establece la medida de control, soberanía, jurisdicción o, si se quiere, prerrogativas y derechos que ostenta el Estado ribereño sobre la Zona Económica Exclusiva.

Las soluciones y vertientes, más allá de los ordenamientos internos y los Convenios Internacionales suscritos por el Estado parte que analice esta problemática, deben abordarse necesaria e inicialmente desde el estudio de la noción de soberanía; saber si esta tiene límites, graduaciones o alcances, o si por el contrario, si no debe confundirse con facultades de control, derechos preferentes o simples prerrogativas.

Más importante es, luego de establecer estas nociones básicas, saber en el contexto práctico qué implica esta soberanía y, en especial, la jurisdicción del Estado que ostenta soberanía en un tiempo y espacio específico.

De esta manera, una vez esclarecidas estas nociones analizaremos la situación de la soberanía en Venezuela, la normativa correspondiente y su aplicación a los Espacios Acuáticos, incluyendo la Zona Económica Exclusiva. Estas apreciaciones nos llevarán a interpretar cuáles potestades posee la Autoridad Venezolana sobre las actividades marítimas, comerciales, de investigación y otra índole desarrolladas en este espacio y, finalmente, si los Tribunales Venezolanos tienen Jurisdicción en la Zona Económica Exclusiva.

– La soberanía:

Etimológicamente, de la palabra soberanía, proviene del latín y se conforma por las raíces super y omnia que significa “sobre todo” y de acuerdo a la traducción es el poder que está sobre los otros poderes y que no admite poder superior a él.[1]

Por su parte, soberanía es definida por la Real Academia Española[2] como: 1. f. Cualidad de soberano; 2. f. Autoridad suprema del poder público; 3. f. Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial; 4. f. ant. Orgullo, soberbia o altivez; ~ nacional. 1. f. La que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos.

Para los clásicos, la soberanía se entiende principalmente como un derecho del soberano en que sea respetado su territorio, su determinación política y su independencia. Así, se ha dicho que la soberanía es un derecho frente al otro, ergo, un poder; o un “poder absoluto y perpetuo de una República”, según Jean Bodin. Por otro lado, Hobbes y Rousseau parten desde la idea de soberanía como perteneciente al soberano, con poderes otorgados según la ley natural o la ley civil; diferenciándose uno y otro en el titular de la soberanía; para Hobbes es el Estado Autoritario y para Rousseau es el pueblo o la colectividad quien designa a sus representantes y limita o regla el poder del Estado.

En el plano jurídico, brevemente y sin ánimos de adentrarnos a los interesantes debates que sobre la teoría pura del derecho advierte el maestro Hans Kelsen, la soberanía se materializa en la creación de una Ley Suprema o Constitución que materializa el ejercicio del poder independiente y supremo del Estado. En este ámbito, soberanía se advierte como esa facultad suprema del Estado en crear su propio ordenamiento jurídico y dotarlo de coercibilidad.

Intrínseco dentro de la soberanía de un Estado, se entiende “la plenitud de la capacidad para realizar los fines que le son propios”.[3] Ahora bien, esta plenitud de la soberanía debe entenderse en el ámbito donde se desarrolle, lo que no quiere decir que el hecho de tener soberanía se circunscribe a todos los ámbitos más allá del político, por ejemplo; o que, el hecho que la soberanía resida en el pueblo, puede extralimitarlo más allá de la justicia o el derecho.

Es de recordar, que en la teoría política moderna y, en particular, en la teoría del Estado Moderno “la soberanía es un poder legítimo, sometido al imperio de las normas jurídicas”[4], añadiendo a esto que soberanía comprende la noción de no subordinación de un Estado sobre ningún otro. Esto hace nacer el debate sobre la noción de Soberanía total y Soberanía limitada. En efecto, hay quienes defienden la tesis que las normas jurídicas, internas o internacionales imponen criterios y límites para el ejercicio de la soberanía, en aras de garantizar el respeto a la justicia o a otros entes o Estados investidos de la misma soberanía. Como contrapartida, otros estudiosos consideran que la soberanía siempre es plena, más que ella está circunscrita a un ámbito específico o a una parcialidad. Por ejemplo, un Estado es soberano para realizar actividades económicas en un área específica, pero no lo es para incluir esta área dentro de su territorio.

En resumen, tomando una definición integral acorde con los tiempos actuales y comprehensiva de los elementos de las definiciones clásicas y modernas, comulgamos con la definición de Cortes de Cádiz en la que “la soberanía es una potestad suprema, que ostenta originalmente el pueblo y que se ejerce a través del poder constituido de acuerdo a su voluntad plasmada en una Constitución, y sin la influencia de elementos extrínsecos que incidan en ella, dotando al Estado de orden en lo interno y autonomía e independencia en el ámbito internacional”.

En el plano internacional, para Burdeau, “la Soberanía es una característica, atribución o facultad esencial del Poder del Estado que consiste en dar órdenes definitivas, de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en relación con los demás Estados que forman la comunidad internacional[5].

En efecto, la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha veinticuatro (24) de octubre de 1970, dispuso:

Todo Estado goza de igualdad soberana. Tiene iguales derechos e iguales deberes y son iguales miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.

En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:

  1. a) Los Estados son iguales jurídicamente:
  2. b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía;
  3. c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados;
  4. d) La integridad territorial y la independencia política del Estado es inviolable;
  5. e) Cada Estado tiene el derecho de elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural;
  6. f) Cada Estado tiene el deber de cumplir de buena fe y plenamente sus obligaciones internacionales y vivir en paz con los demás Estados.

Asimismo, en cuanto a la soberanía económica, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3281 adopta el 12 de diciembre de 1974, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, artículo 2, estableció:

Todo Estado detenta y ejerce libremente Soberanía plena y permanente, incluso, posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas. El carácter de permanencia aplicado a la soberanía pretende postular la presencia del Estado en todas las fases de la producción, de la transformación y de la comercialización de todo producto que se halla extraído, mientras que el carácter de Plena, pone de manifiesto el rechazo a todo tipo de restricción e intervención extranjeras”.

En otras palabras, cada Estado es soberano o independiente e ilimitado frente a los otros. Los límites a esta potestas han originado la creación de las normas de convivencia internacional y el propio derecho internacional, materializadas a través de la costumbre y los tratados. Se trata de un conjunto de reglas de convivencia, respeto a la soberanía y autodeterminación de los Estados y un aprovechamiento justo de los espacios neutrales o no pertenecientes a ningún Estado.

Por estas razones, el tratado, antes de restar soberanía, es el ejercicio pleno de la misma por parte de los Estados: cada uno de ellos, con base en su constitución y en ejercicio de su soberanía y autodeterminación, suscribe acuerdos internacionales en los que regula, normativiza y hasta limita esta potestad, ya que no existe ningún ente superior a cada Estado.

Todo esto nos lleva a concluir que, la Soberanía, en el plano del derecho internacional, es ese poder de cada Estado, reconocido por todos los Estados de la Comunidad Internacional, para determinar su sistema, su determinación política, su territorio y, por ende, exigir, defender y reclamar de terceros Estados la violación, incumplimiento, intervención o injerencia de este poder.

Soberanía y Derecho Marítimo.-

Ciertamente, el espacio acuático fue reconocido primeramente por la costumbre y los Tratados de acuerdo a mediciones producto de diversas teorías, reconocimientos expresos, delimitaciones y cartas geográficas. Cada Estado, en uso de su soberanía, tenía facultades plenas de control y jurisdicción sobre su mar territorial.

En el ámbito marítimo, superada la teoría del mare nostrum (Roma) y mare clausum (edad media), que limitaban o clausuraban el mar adjudicándolo sólo a ciertas potencias y apoyados en la teoría del mar libre para todos los Estados (mare liberum, teoría de Hugo Grocio) se han desarrollado los Convenios Internacionales sobre el Derecho del Mar como fue el producto de la Convención de Ginebra de 1958 y la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. Estas Convenciones establecen la soberanía de cada Estado sobre el aprovechamiento, explotación y conservación de sus mares territoriales, zonas contiguas, plataforma continental y finalmente, sobre una zona económica exclusiva.

Esta soberanía que es una potestad, es como contrapartida un límite u obligación para los terceros Estados. Las garantías del ejercicio de la soberanía deberán tomar como contrapartida las herramientas y mecanismos de control y vigilancia de la misma: Potestad de vigilancia, Potestad de Control, Potestad de Sanción.

Sin embargo, retomando lo mencionado anteriormente, la soberanía, (si adoptamos la corriente de que la misma es una potestad sujeta a límites), es el ejercicio pleno de una potestad cuyos límites son impuestos por el derecho, bien sea interno, bien sea internacional. Por esta razón, esta potestad será ejercida de acuerdo a los derechos fundamentales estatuidos en el derecho interno más también en las normas internacionales contraídas en atención al principio de buena fe (pacta sunt servanda). En efecto, tal como establece Villarroel al mencionar las potestades regladas de las competencias de los Estados[6], estas:

son aquellas con respecto a las cuales el Derecho Internacional establece límites o impone criterios en el ejercicio de la soberanía. Por ejemplo, en la soberanía del Estado en relación con el mar territorial, el límite referente al “paso inocente”.

Esta limitación de la soberanía del Estado en cuanto a la determinación de sus espacios acuáticos, también se ve reflejada en la decisión de la Corte Internacional de Justicia de 1951, mediante la cual decidió:

La delimitación de los espacios marítimos tiene siempre un aspecto internacional; no podría depender de la sola voluntad del Estado ribereño, tal como ella se expresa por su derecho interno. Si bien es cierto que el acto de delimitación es necesariamente un acto unilateral, dado que sólo el Estado ribereño se halla capacitado para realizarlo, la validez de la delimitación respecto a terceros Estados depende, en cambio, del Derecho Internacional.

Por ende, serán, los Estados Partes de la comunidad Internacional, a través de los principales instrumentos mencionados, los que reconocen el territorio continental y marítimo de cada Estado así como sus prerrogativas y soberanía sobre espacios acuáticos adyacentes.

La limitación del ejercicio del poder soberano de Cada Estado con respecto a los otros Estados, en cuanto a la delimitación de su territorio, de los espacios acuáticos y las actividades desarrolladas en los mismos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Título II, Del Espacio Geográfico y de la División Política, Capítulo I Del Territorio y demás Espacios Geográficos, artículo 11, prevé:

TÍTULO II

DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA

Capítulo I

Del Territorio y demás Espacios Geográficos

(…)

Artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.

El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.

Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley.

Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional.

(Resaltado nuestro).

Por su parte, La ley Orgánica de Espacios Acuáticos, prevé, en sus artículo 45 y 46:

Artículo 45:

La Zona Económica Exclusiva se extiende a lo largo de las costas continentales e insulares de la República, a una distancia de doscientas millas náuticas (200MN) contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

Artículo 46:

Soberanía y Jurisdicción

Artículo 46 La República goza en la zona económica exclusiva de:

  1. Derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, de las aguas suprayacentes y sobre otras actividades tendentes a la exploración y explotación sostenible económica de la zona, tales como la producción de energía derivada del agua, corrientes y vientos.
  2. Jurisdicción, con arreglo a lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en lo relacionado con:
  3. a) El establecimiento y utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras.
  4. b) Investigación científica marina.
  5. c) La protección y preservación del ambiente marino.
  6. Derecho a tomar medidas que considere convenientes para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y demás elementos del ambiente marino, más allá de los límites de la zona económica exclusiva, conforme a lo establecido en el Derecho Internacional.

En materia de jurisdicción acuática, los artículos 10 y siguientes de la Ley de Comercio Marítimo prevén:

Artículo 10: Corresponde a la jurisdicción venezolana conocer en forma inderogable de las acciones en materia de contratos de transporte de bienes o de personas que ingresan al territorio venezolano.

Artículo 11

En los casos en que se admita, una vez producido el hecho generador de la acción, la jurisdicción que corresponda a los tribunales venezolanos, podrá declinarse a favor de tribunales venezolanos, podrá declinarse a favor de los tribunales o al procedimiento de arbitraje.

Artículo 12

Además de la jurisdicción que atribuye la Ley de Derecho Internacional Privado en sus artículos 39 y 40, deberán someterse al conocimiento de la Jurisdicción Especial Acuática, las acciones que se intenten con motivo de las disposiciones que regulan el comercio marítimo, la navegación por agua, la exploración y explotación de recursos ubicados en el espacio acuático nacional, así como las acciones sobre buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, independientemente de la jurisdicción de las aguas donde se encuentran y sobre buques extranjeros que se encuentren en aguas en las que la República ejerza derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción, las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias y cualquier otra actividad que se desarrollo en el espacio acuático nacional.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982.

Aunque no vigente para Venezuela, es necesario traer a colación lo previsto en la Convención del Mar de 1982:

Artículo 56

Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva

  1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene:
  2. a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;
  3. b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a:
  4. i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;
  5. ii) La investigación científica marina;

iii) La protección y preservación del medio marino;

  1. c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención.
  2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.
  3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI.

[1] http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/arroniz_m_h/capitulo2.pdf

[2] http://lema.rae.es/drae/?val=soberan%C3%ADa

[3] Basave Fernández del Valle Agustín. Teoría del Estado. 4ta Edición. Ed. JUS. México

[4] González Uribe Héctor. Teoría Política. Ed. Porrúa, México. Citado por Arturo Germán Belmont en su artículo “En torno al concepto de Soberanía Política” http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1014/21.pdf

[5] Ver cita en http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/arroniz_m_h/capitulo2.pdf . De esta manera, para García Máynez, la soberanía es un atributo esencial del poder político. Dicho concepto puede ser caracterizado tanto negativamente como en forma positiva. En su primer aspecto, implica la negación de cualquier poder superior al del Estado, es decir, la ausencia de limitaciones impuestas al mismo por un poder extraño. El poder soberano es, por ende, el más alto o supremo. Es también, un poder independiente. El carácter de independencia revelase, sobre todo, en las relaciones con otras potencias; la nota de supremacía aparece de manera más clara en los vínculos internos del poder con los individuos y colectividades que forman parte del Estado.

[6] Villarroel, Francisco. Derecho Internacional Público. Ediciones Marítimas Venezolanas, Caracas, 2011.

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